El subsecretario Francisco Ibarra Guel planteó valorar cada caso y considerar medidas como trabajo comunitario, canalización y acciones disciplinarias, sin dejar de lado la responsabilidad familiar.
Las amenazas de cometer actos violentos dentro de las escuelas deben atenderse con medidas que permitan prevenir nuevos incidentes y establecer responsabilidades. Así lo consideró Francisco Ibarra Guel, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, al pronunciarse sobre la propuesta de diputados locales de aplicar sanciones a los estudiantes involucrados o incluso a sus padres, entre ellas la realización de trabajo comunitario.
El funcionario señaló que cualquier medida deberá determinarse de acuerdo con la gravedad de cada situación y las condiciones particulares de los jóvenes. Asimismo, insistió en que la formación comienza en el hogar y continúa en las instituciones educativas, por lo que consideró indispensable fortalecer la participación de las familias en la educación de sus hijos.
Al respecto, reconoció que existen circunstancias que dificultan el acompañamiento permanente de los padres, como las jornadas laborales dobles para sostener económicamente a sus familias, problemas de salud u otras situaciones personales. Por ello, consideró necesario que las autoridades educativas conozcan el entorno de cada estudiante antes de determinar cómo intervenir.
Como parte de las acciones preventivas, propuso reforzar el trabajo social dentro de los planteles, con la colaboración de docentes, pero sin incrementar las responsabilidades que ya tienen. También planteó ampliar los acercamientos con los programas de Escuela para Padres, a fin de detectar oportunamente situaciones de riesgo y brindar atención a quienes lo necesiten.
Respecto a los casos en los que los estudiantes reincidan o no atiendan las medidas de prevención, Ibarra Guel sostuvo que deberán establecerse consecuencias. Subrayó que la ausencia de sanciones tampoco representa una respuesta adecuada, pues las escuelas, las familias y las autoridades tienen que intervenir para evitar que este tipo de conductas se normalicen.
Sobre la posibilidad de expulsar a quienes realicen amenazas, explicó que cada institución cuenta con reglamentos y códigos de conducta que establecen los procedimientos aplicables, los cuales pueden contemplar desde medidas disciplinarias hasta la separación del plantel o la recomendación de continuar los estudios en otra escuela.
Finalmente, el subsecretario consideró que antes de recurrir a una sanción debe privilegiarse el diálogo con los estudiantes y, cuando sea necesario, canalizarlos para recibir atención especializada. Señaló que algunos jóvenes enfrentan entornos familiares y sociales complicados, por lo que es importante conocer las causas de su comportamiento sin dejar de establecer límites y responsabilidades.
