La crisis que enfrenta la producción de frijol en Durango llegó al Congreso del Estado, donde legisladores y representantes del campo coincidieron en la necesidad de establecer estrategias conjuntas que permitan atender las demandas de los agricultores y mejorar las condiciones de comercialización del grano.
Como parte de los trabajos realizados durante la sesión ordinaria de este martes, la Junta de Gobierno y Coordinación Política planteó la creación de mesas de trabajo con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno. El objetivo será analizar la problemática desde una perspectiva técnica y de política pública, con énfasis en el comportamiento del mercado y la fijación de precios.
Al concluir la sesión legislativa, diputados sostuvieron un encuentro con productores de distintas regiones del estado, donde se recopilaron diversos planteamientos que serán retomados en la próxima sesión ordinaria del Congreso para darles seguimiento mediante acciones legislativas.
Durante su intervención, el diputado Noel Fernández Maturino afirmó que existe voluntad para respaldar al sector agrícola y anunció que promoverá un punto de acuerdo enfocado en fortalecer las acciones que respondan a las principales inquietudes expresadas por los productores, especialmente en materia de comercialización.
Entre las principales solicitudes expuestas por los agricultores destaca la ampliación del Programa de Precios de Garantía, así como la implementación de condiciones más equitativas frente a otras entidades productoras. También insistieron en combatir la intermediación que reduce las ganancias de quienes cultivan el grano.
En su participación, el diputado Héctor Herrera Núñez destacó el peso económico y social que representa el cultivo de frijol para Durango, por lo que consideró indispensable conservar los esquemas de apoyo existentes y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer más eficiente su aplicación.
Por su parte, la diputada Verónica González señaló que es fundamental asegurar el pago establecido por kilogramo de frijol y ampliar la capacidad de los centros de acopio, con la finalidad de que un mayor número de productores pueda acceder a los programas de comercialización y obtener mejores condiciones para la venta de su cosecha.
