El sector empresarial anticipa un inicio de año particularmente complejo como resultado del aumento al salario mínimo, la incorporación de nuevos impuestos y un entorno de fiscalización más estricto, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.
El dirigente empresarial señaló que el incremento salarial del 13 por ciento ha generado un alza inmediata en los costos de nómina, a lo que se suman mayores cargas patronales como las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Impuesto Sobre Nómina (ISN) estatal, que ronda el tres por ciento.
Explicó que, en conjunto, estas obligaciones provocan que el costo real por trabajador para las empresas se eleve entre un 30 y 40 por ciento por encima del salario pagado, lo que presiona de manera significativa la operación de los negocios, especialmente los pequeños y medianos.
A este escenario se añaden nuevos gravámenes o posibles incrementos impositivos a productos como bebidas con azúcares añadidas, edulcorantes y cigarros, lo que impacta de forma directa a comercios, restaurantes, bares y establecimientos que ya operan con márgenes reducidos y ahora enfrentan mayores costos operativos.
Montelongo Nevárez indicó que la situación se agrava por la elevada carga fiscal a nivel local, que incluye impuestos y derechos como predial, licencias de funcionamiento, refrendos, permisos, anuncios publicitarios, recolección de basura comercial, servicios de agua y drenaje, así como inspecciones constantes, lo que encarece cada vez más la apertura y permanencia de empresas.
Asimismo, manifestó preocupación por el endurecimiento del modelo de recaudación federal, ante el anuncio de un plan maestro de fiscalización que contempla auditorías más rápidas, revisiones exprés y mayores facultades para la autoridad, especialmente dirigidas a contribuyentes en procesos de regularización.
El presidente del CCE consideró que este enfoque prioriza la recaudación por encima del crecimiento económico, al señalar que las empresas no sólo enfrentan mayores pagos, sino también un esquema de supervisión más severo que desincentiva la inversión y castiga la formalidad.
Advirtió que mantener esta tendencia podría traducirse en la pérdida de empleos formales, cierre de negocios, incremento de precios y un aumento de la informalidad, efectos contrarios a los que requiere la economía.
Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para frenar la escalada fiscal, revisar integralmente los impuestos vigentes y replantear las políticas recaudatorias, a fin de evitar un mayor deterioro de la planta productiva y consecuencias de largo alcance para el desarrollo económico.
