Durante 2025, en Durango se iniciaron 120 procedimientos administrativos por tala clandestina, como parte de las acciones para atender esta problemática ambiental que persiste en diversas regiones del estado, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con datos oficiales, en el mismo periodo se atendieron 81 denuncias por extracción ilegal de madera, se aseguraron mil 130 metros cúbicos de producto forestal y se aplicaron sanciones económicas por un monto superior a los dos millones 552 mil pesos.
Aunque Durango se mantiene como el primer lugar nacional en el valor de la producción forestal, la tala clandestina continúa siendo un reto, principalmente en municipios como Mezquital, Guanaceví y algunas zonas de San Dimas, reconocieron representantes del sector forestal. Señalaron que, si bien se han logrado decomisos y sanciones, la vigilancia resulta limitada debido a la falta de personal federal.
Las acciones contra la tala ilegal se realizan, en su mayoría, a partir de denuncias anónimas y revisiones en caminos forestales. Cuando los transportistas no acreditan la legal procedencia de la madera, las autoridades proceden al aseguramiento tanto del producto como de los vehículos utilizados para su traslado.
También se ha detectado la comisión directa de tala clandestina en zonas forestales, lo que ha derivado en algunas detenciones, aunque sin que se hayan registrado enfrentamientos físicos. Las autoridades señalaron que únicamente se han presentado amenazas verbales durante los operativos.
En contraste, el aprovechamiento legal de los recursos forestales en Durango se encuentra regulado mediante programas de manejo autorizados, los cuales establecen inventarios, áreas específicas de corte y volúmenes permitidos, de acuerdo con las características de cada ejido.
Representantes del sector destacaron que el bosque duranguense se mantiene estable y productivo, con ejidos que han sostenido el aprovechamiento forestal durante décadas sin generar deforestación. No obstante, advirtieron que la capacidad de supervisión federal es insuficiente y depende en gran medida de reportes ciudadanos.
Además de las acciones federales, operan comités locales de protección y vigilancia que realizan revisiones en ejidos, centros de transformación y unidades de manejo, donde se aplican sanciones y suspensiones en caso de detectar irregularidades, como parte de los esfuerzos para combatir la tala ilegal en la entidad.
