La iniciativa genera protestas sindicales y debate político previo a su sanción definitiva.
El Senado de Argentina se prepara para convertir en ley la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Javier Milei, iniciativa que cuenta con los votos necesarios para su aprobación, pese a la oposición de sectores sindicales y bloques políticos que cuestionan el contenido del proyecto y sus posibles efectos en el empleo.
La llamada Ley de Modernización Laboral plantea cambios en el régimen de indemnizaciones, permite pagos en bienes o servicios, limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, a cambio de esquemas de compensación mediante horas libres.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ratificado en la Cámara de Diputados con modificaciones, que ahora deberán ser aceptadas por la Cámara Alta.
Mientras se desarrolla el debate en el recinto del Congreso, organizaciones sociales y gremiales realizaron protestas frente al edificio legislativo, con consignas contra la reforma.
Las manifestaciones se llevaron a cabo bajo un operativo de seguridad y comenzaron a desactivarse horas después de iniciadas. La Confederación General del Trabajo informó que priorizará una estrategia judicial una vez que la ley sea sancionada.
El gobierno sostiene que la reforma busca “facilitar la contratación, impulsar la inversión y ampliar el empleo registrado”, en un panorama donde más del 40 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, sin embargo, especialistas y representantes sindicales cuestionan el enfoque.
Datos del Indec indican que una parte relevante del sector manufacturero no prevé incorporar personal en el corto plazo, mientras que otra fracción anticipa recortes.
Las cámaras empresariales expresaron su respaldo al proyecto, aunque señalaron que la creación de empleo no depende únicamente de cambios legales.
Mientras, el debate legislativo se desarrolla en un panorama de desaceleración en sectores como la industria y el comercio, que concentran una alta proporción del empleo.
El Ejecutivo busca que la ley quede sancionada antes de la presentación del presidente ante el Congreso para el inicio del periodo ordinario de sesiones.
