Consejeros alertan sobre la necesidad de acciones contundentes ante el crecimiento de prácticas ilícitas en el financiamiento político.
En un escenario marcado por la preocupación, los consejeros electorales han levantado la voz para alertar sobre un alarmante incremento en delitos financieros durante las campañas proselitistas. El lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso creciente de criptomonedas han captado la atención de las autoridades, desencadenando llamados urgentes a reformar el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
En una sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, destacada por su agudeza en los temas de transparencia y legalidad, hizo hincapié en el vertiginoso aumento de estos delitos en la última década. Subrayó la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento tecnológico y capacidades investigativas para abordar eficazmente estos actos fraudulentos, no solo en el ámbito electoral sino en otros sectores.
Humphrey Jordan lanzó cuestionamientos directos sobre los beneficiarios de los contratos otorgados por los partidos políticos, planteando la necesidad imperante de desentrañar la verdadera propiedad de las entidades involucradas. Además, resaltó la importancia crucial de una estrecha colaboración entre las autoridades financieras y electorales para desvelar posibles vínculos entre el financiamiento ilícito de campañas y el crimen organizado.
Este llamado a la acción no surge en un vacío, sino que se suma a la decisión previamente anunciada por Humphrey Jordan, quien adelantó que la Guardia Nacional brindará protección a los candidatos que requieran medidas de seguridad durante los procesos electorales. La seguridad en el ejercicio democrático se erige así como una prioridad ineludible en la agenda electoral.
Ante el panorama de desafíos que enfrenta el sistema democrático, las voces críticas y propositivas como la de Humphrey Jordan instan a la pronta adopción de reformas integrales que fortalezcan la integridad de los procesos electorales y preserven la confianza ciudadana en el sistema democrático.
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