Un incremento en los señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos fue registrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango durante agosto, mes en el que se alcanzó la cifra más elevada de quejas en lo que va de 2026.
Entre enero y agosto, el organismo acumuló 696 expedientes relacionados con posibles vulneraciones a los derechos humanos. La distribución mensual fue de 63 quejas en enero, 80 en febrero, 93 en marzo, 72 en abril, 79 en mayo, 97 en junio, 74 en julio y 138 durante agosto.
En cuanto a las instituciones señaladas, los principales registros correspondieron a autoridades vinculadas con la procuración de justicia. Los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado concentraron 64 quejas, mientras que la Policía Investigadora de Delitos acumuló 61 durante el periodo analizado.
Por su parte, la Presidencia Municipal de Lerdo registró 58 señalamientos y se colocó en el siguiente sitio, seguida por el Gobierno del Estado, con 52. También aparecen entre las autoridades señaladas las escuelas primarias, con 46 quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 38; y las escuelas secundarias, con 34.
En otros ámbitos, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango acumuló 24 quejas, mientras que el Centro de Reinserción Social número 1 contabilizó 20. Además, en 43 expedientes la CEDH no logró determinar qué autoridad gubernamental estaba relacionada con el señalamiento.
Respecto de los motivos expuestos por las personas que acudieron ante el organismo, se encuentran la prestación indebida del servicio público; incumplimientos relacionados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; trato cruel, inhumano o degradante; detenciones arbitrarias y acciones u omisiones contrarias al derecho a la conservación del medio ambiente.
La lista también incluye posibles irregularidades como retrasos o impedimentos en las labores de investigación y procuración de justicia, deficiencias en la prestación del servicio educativo, falta de respuesta a peticiones formuladas por ciudadanos y el uso abusivo de facultades legales por parte de autoridades dentro de relaciones laborales.
