El conflicto laboral en la mina de Tayoltita continúa sin resolverse y ya genera afectaciones económicas directas para cientos de familias que dependen de las actividades de contratación externa vinculadas a la empresa minera First Majestic, mientras trabajadores sindicalizados mantienen suspendidas las labores.
Integrantes de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana señalaron que durante el fin de semana no se alcanzaron acuerdos con directivos de la compañía canadiense respecto a temas como el reparto de utilidades y el cumplimiento de compromisos laborales previamente pactados.
La inconformidad entre la base trabajadora aumentó luego del fallecimiento de un minero registrado en abril pasado tras una explosión ocurrida en la bocamina. De acuerdo con los trabajadores, el accidente pudo evitarse si existieran mejores condiciones de seguridad dentro de las instalaciones.
Ante este panorama, los sindicatos exigen mayores medidas de protección laboral, el cese de presuntos hostigamientos, mejoras en la atención médica y el pago adecuado de prestaciones. Además, denunciaron diferencias en los montos correspondientes al reparto de utilidades y cuestionaron la manera en que fueron distribuidos los recursos.
Aunque ya se realizó un primer acercamiento entre representantes sindicales y la empresa, las negociaciones no lograron concretar acuerdos, por lo que el paro laboral podría extenderse durante más tiempo. Trabajadores señalaron que la postura de la empresa ha complicado avanzar hacia una solución inmediata.
Mientras tanto, contratistas que prestan servicios para la minera advirtieron que la suspensión de operaciones afecta directamente su economía, debido a que dependen de la actividad diaria para percibir ingresos. Explicaron que el conflicto relacionado con la permanencia de tres directivos dentro de la empresa no involucra a quienes laboran bajo contratos externos y pidieron no verse perjudicados por la disputa sindical.
Según estimaciones de los propios trabajadores, más de 600 personas dependen de estas actividades como contratistas. Aseguraron que, a diferencia del personal sindicalizado, ellos no reciben salario ni cuentan con prestaciones médicas mientras las operaciones permanecen detenidas.
Los afectados señalaron que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, renta y colegiaturas, por lo que hicieron un llamado a las dirigencias sindicales para considerar alternativas de presión que no impliquen la paralización total de las actividades en la mina.
