En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa para reformar el Código Penal y establecer sanciones de hasta dos años de prisión a quienes realicen falsas acusaciones con la intención de perjudicar a otra persona.
Durante la presentación, el diputado local Otniel García Navarro advirtió que el uso del proceso penal como herramienta para dañar, manipular o desacreditar a una persona inocente afecta directamente sus derechos y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia.
La propuesta define que incurrirá en este delito quien, con pleno conocimiento de la falsedad de los hechos y con el propósito de inculpar, perjudicar, favorecer a un tercero u obtener un beneficio indebido, impute a alguien la comisión de un delito ante una autoridad competente, generando con ello una investigación o afectaciones a la honra, reputación o libertad del señalado.
El proyecto también establece salvaguardas procesales: no podrá ejercerse acción penal por este delito hasta que exista una resolución firme que confirme la inexistencia del hecho denunciado o la no participación de la persona acusada, ya sea mediante sentencia absolutoria, sobreseimiento, archivo definitivo o determinación de no ejercicio de la acción penal.
Las sanciones propuestas van de seis meses a dos años de cárcel, así como multas de 100 a 300 días. Además, la persona declarada culpable deberá cubrir la reparación integral del daño, incluida la indemnización por daño moral y la publicación —a su propio costo— de la resolución absolutoria o de sobreseimiento.
Con esta iniciativa, el Congreso busca desalentar prácticas que vulneran derechos fundamentales y reforzar la integridad del sistema de procuración de justicia en la entidad.
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